DENUNCIA ANTE LOS TRIBUNALES CONSEJEROS CAJAS DE AHORRO Y RESPONSABLES POLITICOS

Invitación para asociarse a ADUCAB
(Asociación de usuarios y usuarias de Cajas de Ahorro y Bancos)

A lo largo de los últimos 25 años, y en una clara estrategia para incorporarlas a la esfera de la actividad financiera especulativa, las Cajas de Ahorro se ven “liberadas” del estricto control (que correspondía al B. de E. pero que dejó de cumplirse) que más o menos las mantenía como entidades sin ánimo de lucro, centradas en proporcionar servicios financieros no especulativos, gobernadas (teóricamente) por instrumentos democráticos…

En esa estrategia recortan las ya escasas garantías democráticas para disponer (en teoría) de unos Órganos de Gobierno que garanticen la transparencia en el cumplimiento de sus objetivos de servicio financiero para la sociedad civil que las sustenta.

Van incorporando, a pesar de tenerlo prohibido en la normativa aplicable, la operativa de la banca privada, basada en la especulación y control de mercados financieros e inmobiliarios, pasando de ser la antítesis a la banca usurera de una mera comparsa que participa en la explotación desmedida de un mercado cautivo y con el amparo de unas entidades públicas desposeídas de sus atribuciones fiscalizadoras, a causa de un cambio en sus estructuras, en las que entran personajes relacionados con entidades privadas.

Son esclarecedoras las declaraciones que repetidamente hacen los dirigentes de la Asociación de la banca, que se resumen en frases como, “Las Cajas de Ahorro hacen competencia desleal a la Banca Privada…” o “Las Cajas de Ahorro usurpan un mercado que nos pertenece…”

Así pues, y con la complicidad del B. de E., y sus sucesivos directores, desde el Sr. Rubio, se transforman los reglamentos de las Cajas que determinan quien ha de gobernarlas, minimizando la representación de los órganos democráticos públicos (Ayuntamientos, Diputaciones, Patronatos…) que tendrían que dar cuenta de su gestión ante sus electores y se reducen aún más las escasas garantías de participación de otros estamentos, como representantes de los usuarios, de entidades de utilidad pública sin ánimo de lucro y de los trabajadores de cada Caja.

Al mismo tiempo se adoptan operativas que se basan en las “prácticas” de la banca privada, que por su carácter especulativo y arriesgado no estaban permitidas a las Cajas, incumpliendo los objetivos fundacionales, rompiendo los principios de colaboración entre todas las Cajas, coordinadas a través de la Federación de Cajas de Ahorro Gallegas y de CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro), pasando a una competencia comercial y agresiva, en lugar de una sana y positiva colaboración en un servicio al conjunto de la Sociedad.

El objetivo evidente es el de “uniformizar” la oferta financiera, facilitando la creación de un oligopolio que explote un mercado cautivo, anulando cualquier alternativa o competencia… Disponer del 100% del mercado (las Cajas y la banca pública controlaban más del 50%) y proceder a la concentración de entidades, hasta concurrir en un oligopolio undial que facilite el control de una economía basada en la explotación especulativa y depredadora de los derechos de la Persona, al margen de cualquier intento de economía sostenible y equitativa para todos.

La situación actual de crisis viene a confirmar los planteamientos iniciales que justificaron la creación de ADUCAB, que apenas centró su actividad en comunicados y denuncias ante los medios y las autoridades, pero la escasa participación en su afiliación, la renuncia a buscar fuentes de financiación, así como el “silencio” de los medios de comunicación, han minimizado los resultados, hasta ahora.

Pero ante la evidencia de los hechos, que sobrepasa el tradicional obscurantismo de los medios, y la aparición de plataformas recogiendo la inquietud de los ciudadanos, a los que ya no se puede seguir engañando.

Plataformas como “por la Banca o Ahorro Público”, “Afectados Hipotecas”, “Afectados por las Preferentes”, “Auditoría de la Deuda Pública”, etc. están dedicando esfuerzos para denunciar los desmanes cometidos, pero parece llegada la hora de iniciar procedimientos legales contra los responsables de lo ocurrido.

Pretendemos por tanto invitar a Asociaciones, Plataformas y Personas a que se integren en nuestra Asociación, desde la que iniciar acciones de denuncia ante los juzgados, sea por lo penal o civil, según se determine por el equipo de letrados, que también se está constituyendo.

En diversos encuentros celebrados entre varias personas preocupadas por estos temas, algunas relacionadas con dichas plataformas, se ha llegado a la conclusión que para iniciar una acción judicial, es necesario hacerlo a través de una entidad jurídica representativa, que podría ser ADUCAB, a la que habría que dotar de una participación ciudadana más numerosa, de recursos financieros y de un “staff” administrativo y jurídico.

Las estrategias y objetivos deberán de ser cuidadosamente elaborados, en encuentros de trabajo (para lo que disponemos de herramientas informáticas, para la participación remota) y sometidos a la aprobación de la Asamblea.

Los puntos en que dichas demandas podrían basarse son los siguientes, en un inventario provisional:

• “Conspiración para alterar el precio de las cosas”, delito tipificado en la legislación española y que, en este caso, se refiere al precio de los Servicios Financieros que se han incrementado de forma injustificada.

• Creación de un OLIGOPOLIO, para explotar un mercado cautivo, sin alternativas ni competencia real que garantice el “libertad de mercado”.

• Expolio del patrimonio público acumulado por las Cajas de Ahorro, a lo largo de más de 100 años de existencia, que se transfiere sin compensación a los legítimos usufructuarios, la población que participó en su constitución.

• Cese en servicios sociales, culturales e inversiones en acciones públicas que afectan al bienestar social, como la construcción de viviendas a precios de coste (antes de 1980) o alquiler social (antes de 1970), ayudas a actividades culturales y de formación, deportivas, etc.

• Recorte en el número de oficinas, en las plantillas, lo que implica la destrucción de puestos de trabajo.

• Desaparición de los “Montes de Piedad” y otras entidades con funciones sociales, que en estos momentos de crisis podrían aliviar la situación de miles de parados, facilitando “microcréditos” y ayudas a personas en exclusión social.

Las responsabilidades penales o civiles habrá que exigírselas a las personas que por sus cargos han posibilitado se cometieran los desmanes descritos y que, provisionalmente, podemos buscar entre los siguientes grupos:

• Personas integradas en los Órganos de Gobierno de las Cajas, únicos legitimados para tomar las decisiones para llegar a la situación actual, que deberán explicar los siguientes conceptos:

o Origen de su mandato: Método de designación, validez del mismo, momento de elección, su duración y renovación (cómo estaba legislado y cómo se cumplió).
o Su actividad como miembro del órgano al que pertenezca, sus manifestaciones, votos en cada participación, propuestas formuladas, beneficios recogidos, dietas, sueldos, compensaciones, préstamos recibidos y cancelación de los mismos, etc.
o Su actividad como representante. A qué grupo representa, cómo fue elegido dentro del grupo, que información intercambió con sus mandatarios (electores), consultas con los mismos y sobre que puntos…
o Comisiones de trabajo del propio órgano al que pertenezca o haya pertenecido.
o Su conocimiento de la situación de la entidad, sus fuentes de información, sus preguntas, su acción de control sobre los ejecutivos, sus contactos con otras entidades relacionadas, partidos políticos, otras entidades financieras, sus vinculaciones familiares, políticas o laborales.

• Personas y entidades vinculadas con organismos de carácter público, especialmente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores:

o Miembros de los Consejos de Administración en los últimos 20 años: Su procedencia, mandato y medio de elección.
o Miembros del “staff” ejecutivo (directores, cargos de confianza, cooperadores externos, etc.)
o Inspectores y técnicos, funcionarios públicos o bajo contrato laboral.

• Personas integradas en Instituciones Públicas estatales o autonómicas, especialmente sus responsables políticos, relacionadas con el control y gestión de las entidades financieras, especialmente las Cajas de Ahorro populares.

• Parlamentarios que participaron en los cambios legislativos que propiciaron los cambios que facilitaron las operativas para alcanzar la situación actual del sector financiero, como la abolición del delito de USURA, la reforma sobre la constitución y funciones del Banco de España, la liberación de los mercados financieros y de la bolsa de valores bursátiles, bajo el patrocinio de la CNMV…

• Partidos políticos, plataformas, asociaciones, sindicatos, foros, organizaciones profesionales e empresariales, Abogados, Economistas, Expertos Financieros, profesores de Universidad y estudiosos, que puedan y quieran aportar evidencias y/o soluciones.

Lo expuesto hasta el momento es la definición de un objetivo que (S.E.lu O.)se ajusta a las intenciones puestas de manifiesto en las reuniones que se han celebrado en diversas ocasiones, tanto en Vigo, como en Santiago, pero principalmente en Ourense, donde el grupo fué más numeroso y entusiasta.

Se dirige a todas las personas que puedan tener inquietudes por una Sociedad Mejor, y que puedan estar de acuerdo en apoyar los siguientes objetivos:

1. Integrar a un número importante de personas e instituciones que fortalezca la intención de llevar a los tribunales los temas aquí esbozados, de la forma más eficaz posible, generando la tensión suficiente como para, además de las medidas legales (que serán lentas), se tomen cuanto antes medidas políticas que transformen a la sociedad en el plano de las finanzas, meollo de una crisis que sólo se superará si se consigue “desbancar” del poder político a agentes de un poder financiero perverso.

Para ello es importante la implicación de cada uno de nosotros, no sólo firmando esta petición, sino también suscribiendo su adhesión en http://aducab.wordpress.com, y enviando esta propuesta a otras personas que puedan estar interesadas en participar.

2. Disponer de un eficiente equipo Jurídico, que aconseje las medidas adecuadas para cumplir los objetivos que se establezcan, para lo que hace falta que profesionales y técnicos también se adhieran. También de algún administrativo, que gestione eficazmente la Asociación.

Es importante, por tanto, que las personas que tengan una formación adecuada se identifiquen, si deciden adherirse, para incluirlas en el equipo técnico.

3. Disponer de financiación para cubrir los inevitables gastos ya que, en este país, la justicia no es gratuita, para lo cual, además de adherirse, sería positivo anotar una cantidad mínima que se estaría dispuesto a aportar llegado el momento para ello.

Se adjunta una hoja para adherirse al proyecto, advirtiendo que la aportación económica es voluntaria, desde 0 a un máximo de 20 €, que se solicitarían según la evolución del proceso.

Pide una copia de los Estatutos la enviaremos por E-correo a: aducab@gmail.com

Información y participación en: http://aducab.intergal.coop:8087/folla-de-adhesion1