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Retirada de la ley de tasas judiciales

Retirada de la ley de tasas judiciales
  
  

 

Por qué es importante

Hace más de 20 años se suprimieron en España las tasas judiciales, como un medio de permitir el aceso a la justicia de todos los ciudadanos, base fundamental de un Estado Social y de Derecho, tal y como proclama la Constitución de 1978.

En el año 2002 fueron reintroducidas, aunque limitadas a las empresas con una cierto tamaño, pero exentos la mayoría de los ciudadanos, de ahí que no hubiera reacción social. Posteriormente se extendió a todos los ciudadanos la obligación de realizar un depísito de 50 Euros para presentar recurso de apelación, pero tampoco hubo reacción, seguramente, porque no se consideró excesivo por los agentes sociales.

Sin embargo, los continuos recortes en el acceso a la justicia por los ciudadanos la Justicia han llegado a su máxima expresión con el proyecto de ley de tasas judiciales, publicado en el Boletín del Congreso de los diputados el 7 de septiembre de 2012.

De aprobarse, impedirían que muchos ciudadanos pudieran acceder a la justicia. Como ejemplo, podría señalarse que en un procedimeinto monitorio, que es aquel en el que con una factura emitida puede plantearse una reclamación contra un deudor sin necesidad de recurrir a un abogado ni a un procurador, haya que pagar una tasa de 100 Euros, cuando muchas de estas reclamaciones las realizan pequeños empresarios por escasas cuantías, de modo que no les compensaría presentarla.

Estas tasas se extienden a todos los órdenes jurisdiccionales, salvo el penal; en materias tradicionalmente exentas de coste, como el social, se impone una tasa de 500 € para recurrir al Tribunal Superior. En los procesos civiles con una cuantía superior a 6.000.- € la tasa es de 300 € más un 0'5% sobre el importe de la cuantía, y en caso de tener que recurrir, otros 800 € más el mencionado porcentaje.

Se trata de una medida recaudatoria que atenta contra el derecho al acceso a la defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos ante los órganos jurisdiccionales. La aprobación del proyecto supondría que en justicia habría una justicia para pobres y otra para ricos, los que pudieran costear dichas tasas, pero no una justicia para los que superan el umbral de los beneficiarios de la justicia gratuita, pero no lo suficiente como para poder pagar las tasas.Por ello, se trataría de una ley discriminatoria.

Este proyecto no se ha estudiado sobre una base objetiva que pueda justificar su necesidad, pues no ha considerado los efectos negativos que puede ocasionar en la ciudadanía.

Su aprobación pone en riesgo derechos del Estado Social y Democrático que se han ido conquistando por los españoles durante los últimos 35 años.
Publicado Septiembre 18, 2012
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