Modificación de artículos importantes en la reforma educativa de México.

Porque se acaba de reformar la ley de la educación, ahora llamada ley general de la educación y se han creado 2 leyes secundarias, la ley del instituto nacional de la evaluación y la ley del servicio profesional docente. Los puntos importantes a cambiar son 2; en el artículo 28 bis de la ley general de la educación dice textualmente:
"Las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.
En las escuelas de educación básica, la Secretaría emitirá los lineamientos que deberán seguir las autoridades educativas locales y municipales para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos:
I.- Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar;
II.- Desarrollar una planeación anual de actividades, con metas verificables y puestas en conocimiento de la autoridad y la comunidad escolar, y
III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta."

Según lo anterior, las autoridades educativas en diferentes niveles se encargarán de administrar los escasos recursos económicos que existan y de decir de qué manera se obtendrán más, así como también ordenarán a los actores de la educación la forma en que adquirirán material didáctico, inmuebles, muebles, tecnología, etcétera, y como cubrirán los gastos que en la escuela se generen; luz, agua, teléfono, internet, entre otros, de manera que, en caso de que el gobierno "no tenga el presupuesto" para esto, las autoridades educativas pueden ordenar a los directores, maestros y padres de familia que consigan esos recursos, y, en su caso, que estos sean quienes solucionen las necesidades. Esto según como se puede interpretar la ley, ya que autonomía de gestión se refiere a la capacidad de que la escuela se sostenga a sí misma.

Por otro lado, en el artículo 53 de la ley general del servicio profesional docente dice textualmente lo siguiente:

"Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia
en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente.
El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de
sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo.
De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los
programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses.
En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda."

El problema aquí es que el trabajo de los maestros se pone en juego ante un sistema que sabemos de antemano que es corrupto, ¿Cómo van a evaluar claramente el trabajo de un docente cuando ni siquiera han sido capaces de crear cursos objetivos que promuevan la adquisición de conocimientos importantes para la pedagogía, interesantes y motivadores?

Según la reforma, promete métodos justos de evaluación, al igual que ha hecho al realizar las evaluaciones anteriores y los cursos, pero cuando un maestro llega a una evaluación se encuentra con que, lejos de hacer preguntas pertinentes a su trabajo o conocimiento pedagógico, los exámenes son de carácter enciclopédico, exigiendo saber en que parte de los libros de texto de los alumnos y de los programas de estudio se encuentran los diferentes contenidos que en ellos se manejan. En cuanto a los cursos, se ha prometido que serán completos, con gente muy capacitada, cuando, para empezar, son realizados por ingenieros, arquitectos y todo tipo de profesionistas, excepto aquellos que son expertos en pedagogía, y en el momento que un maestro acude a sus cursos con motivación y entusiasmo se encuentra con que son totalmente antipedagógicos, repetitivos e incongruentes, y, por si fuera poco, con una exigencia de tiempo extra de trabajo pesada que interrumpe la dedicación y la atención al trabajo con los alumnos.

Es por esto que no podemos permitir que esta reforma absurda de estos artículos se queden como están, hagamos algo para que no queden así.

Exijamos que el artículo 28 bis de la ley general de la educación se modifique de manera que el gobierno sea el responsable de dotar a las escuelas de lo necesario para que alcancen una educación de calidad, con instalaciones al nivel de países con un nivel alto en educación, tal como finlandia. Y que se suprima la responsabilidad de los maestros y padres de familia para alcanzar esta meta.

Pidamos que el artículo 53 de la ley general del servicio profesional docente no ponga en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, sino hasta que se tengan las instalaciones adecuadas para una educación de calidad, con programas de estudio adecuados para cada entidad de México y que atienda la diversidad existente.