Corrupción de Viviendas de Andalucía

En toda España, pero especialmente de Andalucía, miles de personas, sean españoles o no, corren el riesgo de la demolición de su propiedad, o que se le impongan otras sanciones, a pesar de haber comprado de BUENA FE a través del sistema jurídico español. Los gobiernos autónomos, y el gobierno central en Madrid, aparentan no tener el deseo de reformar el sistema adecuadamente. El problema se agrava por los retrasos en el sistema judicial que en efecto deniegan la justicia. La Comisión Europea aparenta lavarse las manos ante tales violaciones de derechos humanos o libertades fundamentales, y afirma que el asunto no se encuentra dentro del ámbito del Derecho Europeo, a pesar de las muchas bien formuladas peticiones, y a pesar de los ideales básicos europeos de la movilidad de las inversiones y de las personas a través de las fronteras. El gobierno español le interesa recibir ayuda económica de Europa, pero aparenta no poder solucionar este tipo de problema creado o permitido por el sistema español, problemas que afectan negativamente a la industria de la construcción, el turismo entrante, y por lo tanto el empleo y las economías locales de este hermoso país. Los gobiernos europeos pertinentes aparentan no poder o querer ayudar a sus ciudadanos, emigrantes dentro de Europa. Muchas de las personas enmarañadas en esta corrupta trampa urbanística son jubiladas y carecen de una esperanza de vida de décadas para poder resolver el problema.