Exigimos que tecnologías como PUMA, tengan estrictos controles judiciales y tecnológicos
En días pasados en distintos medios Colombianos anunciaron como se empezaría a utilizar una plataforma tecnológica para la interceptación de comunicaciones en procesos judiciales conocido como PUMA, Plataforma Única de Monitoreo y Análisis.
La cual permite interceptar lo que se hable, escriba o envíe desde correos electrónicos, Facebook, Twitter, Line, Viber, Skype y, en definitiva, todo tipo de comunicación que se realice a través de Internet.
Si bien es cierto, el gobierno colombiano y la policía nacional, ha mencionado que será utilizada de acuerdo con el marco legal colombiano, con un control judicial posterior (por que en Colombia la Corte ha aceptado como legítima la orden por fiscal que es el mismo investigador)
También es cierto que el uso de este tipo de plataformas genera muchas dudas, entre ellas, cuál es el procedimiento que se usará, cuáles serán los controles que garanticen el acceso y el uso de lo obtenido (que nos permita saber cómo se hará el control en los servidores, cuáles serán los protocolos de seguridad, etc. )
Existen importantes cuestionamientos a la forma y plazos de la retención de datos personales, en suma las garantías jurídicas que se reconocen internacionalmente para este tipo de tecnologías no son adecuadas en PUMA.
Lo más importante es cómo se nos garantizará que la plataforma no sea usada con fines políticos, de control o de manera no arbitraria. Así mismo, se debe garantizar que en Colombia toda tecnología de interceptación de datos, no sólo la usada en procesos judiciales sino también las de espionaje debe cumplir con las garantías jurídicas mínimas.
La seguridad nacional es un derecho fundamental, pero no se pueden sacrificar los principios jurídicos de garantías ciudadanas que incluyen el debido proceso, la protección de datos y la intimidad.
Un sistema como PUMA, genera muchas dudas e inquietudes por parte de los ciudadanos que tenemos derecho a que nuestra privacidad sea respetada.
La vigilancia representa riesgos para la intimidad que deben ser minimizados.
Exigimos los controles jurídicos, tecnológicos y culturales para garantizar los derechos de los ciudadanos en el uso de PUMA.